Boletín Informativo No. 1

by Montaña Consultores Asociados

1. Contexto

Con fundamento en el Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 461 el pasado 22 de marzo de 2020. En este Decreto se facultó a los gobernadores y alcaldes en materia de rentas de destinación específica, siempre y cuando se hicieran con el fin de llevar a cabo acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria de emergencia.

Así mismo, permitió que no fuera necesaria la autorización de las asambleas departamentales o concejos municipales y distritales, para reorientar dichas rentas. Sin embargo, ello no significó que no pudiesen tener control posterior por parte de estos cuerpos colegiados.

También, en este Decreto se facultó a los gobernadores y alcaldes, para que pudieran realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que hubiese lugar.  Lo anterior, sin perjuicio de los compromisos adquiridos de conformidad con el art. 2.6.1.1.6 del Decreto Único 1068 de 2015, con el fin de atender los gastos que en materia de sus competencias sean necesarios para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria de la emergencia.

Este Decreto Legislativo hizo énfasis en que no podrían reorientarse rentas cuya destinación específica ha sido establecida por la Constitución Política, tales como: 1) recursos derivados del monopolio de licores destilados (inc. 5 art. 336 Constpol); 2) recursos derivados del monopolio de juegos de suerte y azar (inc.4 art. 336 Constpol); recurso del sistema general de participaciones (art. 356 Constpol); y, recursos del sistema general de regalías (art. 361 Constpol).

Como última medida adoptada, se faculto a los gobernadores y alcaldes en materia de tarifas de impuestos territoriales. La reducción de las tarifas de los impuestos territoriales, no podrían estar por fuera del rango tarifario adoptado por la ley que regule el respectivo impuesto.

Además, solo podían reducirse las tarifas de impuestos de propiedad del respectivo ente territorial, esto quiere decir que, no podían reducirse las tarifas de impuestos nacionales cedidos (impuesto al consumo de cervezas, cigarrillos y licores, sobretasa ambiental con destinación a la CAR, impuesto de automotores, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, entre otros). 

El Decreto Legislativo señaló que las facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes, solo podrían ejercerse durante el término que dure la emergencia sanitaria.

El Gobierno Nacional atendiendo a la extensión de los efectos generados por la pandemia COVID-19, extendió el estado de emergencia económica que atraviesa el país desde el 17 de marzo de 2020, por 30 días más mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Con esto podrá seguir expidiendo decretos legislativos para brindar beneficios en materia tributaria, presupuestal, apoyos financieros, y demás, con el fin de mitigar los efectos negativos de la crisis a causa del COVID-19.

Como fundamento en el Decreto 637 de 2020, el Gobierno Nacional estipuló medidas generales a adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Atendiendo las diferentes manifestaciones de las entidades territoriales sobre el comportamiento de sus ingresos, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre posibles contracciones de los ingresos corrientes de las entidades territoriales, se estimaba una reducción de los ingresos corrientes de libre destinación, que sirven de fuente de pago para el gasto de funcionamiento de las entidades territoriales y lo cual podría generar un incumplimiento en los límites de gastos definidos en la Ley 617 de 2000.

Con el objetivo de disminuir el impacto en las finanzas de las entidades territoriales, determinó que era necesario tomar medidas que disminuyeran el impacto de los efectos negativos de la crisis para las vigencias 2020 y 2021.

También, señaló que otro impacto negativo de la crisis es la disminución de ingresos para atender la reserva destinada a sus obligaciones pensionales por medio de los Fondos Territoriales de Pensiones o de patrimonios autónomos.

Conforme a lo anterior, mediante el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, se adoptaron una serie de medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales con el fin de mitigar los efectos negativos de la crisis del COVID-19 en los ingresos de las entidades territoriales, lo cuales son la fuente para el gasto público.

2. Novedades 

El Decreto 678 del 20 de mayo de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declara mediante el Decreto 637 de 2020”, adoptó las siguientes nueve medidas con el fin de atender el impacto en las finanzas de las entidades territoriales:

  • Facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto 

A diferencia de los estipulado en el D.L 461 de 2020, en el art. 1 del D.L 678 de 2020 se extiende la competencia temporal y se especifican las rentas con posibilidad de reorientación, tal como se evidencia a continuación:

Cuadro1Boletin1


La reorientación de rentas no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021, y no se computarán dentro de los ingresos corrientes de libre destinación ni en los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales.Conforme a lo anterior, se facultan a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial. Se pueden reorientar: 1) recursos del balance: 2) excedentes financieros y; 3) utilidades, siempre y cuando no estén constituidos por rentas cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución Política.

  • Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia presupuestal 

En la misma medida del D.L. 461 de 2020, el Gobierno Nacional en está ocasión faculta a los gobernadores y alcalde en materia presupuestal para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar. Lo anterior, siempre y cuando se realicen para atender la ejecución de los recursos, en el marco de sus competencias sean necesarios para conjurar la emergencia del Decreto 637/20. 

Cuadro2Boletin1

* Crédito no podrá exceder el 15% de los ingresos corrientes del año fiscal
Las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, los cuales solo podrán ser destinados a atender la insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión y, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • * Serán pagados con recursos diferentes del crédito
  • * Ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 31 de diciembre de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se contratan
  • * No podrán contraerse en cuando existan créditos de tesorería en mora o sobregiros

No se requerirá para la contratación de los créditos:

  • * Autorización por parte de la corporación administrativa
  • * El cumplimiento de los indicadores de que trata la ley 358 de 1997 y/o límites de gasto establecidos en la Ley 617 de 2020
  • * La evaluación de una calificadora de riesgos a que se refiere el art. 16 de la ley 819 de 2003
  • * No será objeto de registro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Las entidades descentralizadas del nivel territorial no requerirán:

  • * La calificación de capacidad de pago

Estos créditos de tesorería no podrán ser utilizados por las entidades territoriales y sus descentralizadas como fuente para financiar adiciones en el presupuesto de gastos. 

Los ingresos corrientes mencionados, son aquellos de que tratan las normas presupuestales de las entidades territoriales y sus descentralizadas.

Los créditos de tesorería contratados en esta vigencia fiscal y antes de la expedición de este Decreto, podrán pagarse con otros créditos (como los señalados en este literal).

Créditos de reactivación económica

Las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público durante las vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%.

Si lo anterior se supera, deberá demostrar que tiene calificación de bajo riesgo crediticio que corresponda a la mejor calificación de largo plazo, de acuerdo a las escalas de las sociedades calificadoras.

Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales

Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades territoriales que superen los límites de gastos de funcionamiento de la ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gastos (ley 607/00 y ley 819/03).

Facultad a los gobernadores y alcaldes para diferir el pago de obligaciones tributarias

Durante el término de la Emergencia del D. 637/20, podrán diferir hasta en 12 cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.

Recuperación de cartera a favor de entidades territoriales con el fin de recuperar su cartera y generen mayor liquidez, para aliviar situación económica de los obligados tributarios

Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados, accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del D.L. 678/20, así:

  • * Hasta 31/10/2020: se pagará el 80% del capital sin intereses ni sanciones
  • * Entre 1/11/20 y hasta 31/12/20: se pagará el 90% capital sin intereses ni sanciones
  • * Entre el 1/01/21 y hasta el 31/05/21: Se pagará el 100% del capital sin intereses ni sanciones

Lo anterior aplica para obligaciones que se encuentren en discusión administrativa y judicial, teniendo como consecuencia la terminación de los procesos. Se habilitarán medios de pagos electrónicos.

Distribución de la sobretasa al ACPM desde el periodo gravable junio de 2020 hasta el periodo gravable diciembre de 2021

Se distribuirá 100% para los departamentos y el Distrito Capital, en proporción al consumo de combustible en cada entidad territorial, y durante el mismo período, respectando compromisos adquiridos, será de libre destinación.

Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET

Las entidades territoriales que hayan alcanzado una cobertura igual o superior al 80% de su pasivo pensional en el sector central, podrán solicitar los recursos que superen dicho porcentaje con que cuentan en el FONPET registrado a 31/12/2019 dentro del SIF, para que sean destinados por la entidad titular para los gastos que incurra en el 2020.

Los recursos del desahorro extraordinario del FONPET que hayan sido solicitados en la vigencia 2020, podrán ser utilizados:

  • * Inicialmente para conjurar los efectos de la emergencia del D. 637/20
  • * Gastos de funcionamiento
  • * Gastos de inversión

No podrán tener obligaciones pensionales con los sectores salud y educación, de lo contrario, el FONPET realizará el traslado de recursos que superen el 80% del sector Propósito General a estos sectores.

Las entidades territoriales que en las tres últimas vigencias no hayan obtenido cálculo actuarial aprobado por Pasivocol, solo podrán hacer el desahorro extraordinario de un 3% de los excedentes sobre cobertura del pasivo del sector central del 80%.

El porcentaje de cobertura y la solicitud de retiro extraordinario de recursos en el FONPET, se aplica solo para la vigencia 2020.

 

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