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Uno de los aspectos abordados en el marco del acuerdo de paz, fue la Reforma Rural Integral, se planteó la creación de un sistema de información catastral integral y multipropósito que sirviera de promoción del agro, estimulara la desconcentración de la propiedad rural improductiva, vinculara el registro de inmuebles y formara y actualizara el catastro acorde con el principio de autonomía territorial. Y con la Ley 1753 de 2015 se promovió el catastro con enfoque multipropósito que contribuiría con la seguridad jurídica del derecho a la propiedad, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento del fisco local y la planeación social.
Para ello el CONPES 3859 de 2016 adoptó una política para la implementación del catastro multipropósito definiéndolo como un “instrumento único para llevar a cabo eficazmente otras finalidades centrales del Estado como la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental, la gestión de tierras, la programación y asignación de inversiones y, en general, la formulación y ejecución de políticas públicas de toda índole en los territorios”.
Posteriormente el CONPES 3951 de 2018 otorgó un concepto favorable para contratar operaciones de crédito externo con la Banca Multilateral para financiar la implementación de un catastro multipropósito rural-urbano que permitiera avanzar en las metas de implementación de buenas prácticas internacionales de los objetivos de la ODS y la OCDE.
