Los retos de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)

Proyecto de Acto Legislativo No. 018 de 2024 Senado – 437 de 2024

Que las regiones necesiten más recursos ha sido una discusión de antaño en todos los territorios y está más que sustentada. La pregunta es: ¿Cómo garantizamos que estos nuevos recursos funjan como una reconfiguración total de la asignación de competencias y recursos, además exigiendo que en los territorios se haga efectiva la gestión tributaria, y que estos recursos sean ejecutados de manera eficiente, transparente y con un impacto real?

¿Cuáles son los pros y contras del proyecto?

Comencemos con los pro del proyecto de ley:

1. Descentralización de competencias con recursos y reforma tributaria territorial: La descentralización de competencias con recursos será clave para resolver realmente la centralización que se venía dando. Ahora bien, esto tendrá que estar acompañado de una buena gestión territorial de los impuestos, es decir, que estos nuevos recursos del sistema sirvan para apalancar la gestión de sus recursos propios. Sería ideal acompañarla a través de una reforma tributaria territorial que permita a la nación y a los territorios redistribuir de nuevo todos los ingresos y gastos nacionales y territoriales conforme a las competencias de cada quien.
2. Nuevas competencias para los territorios: La redistribución de competencias es el parámetro ideal para asignar los recursos, pero es muy importante que esto se evalúe desde las capacidades del territorio. La asignación de competencias y recursos debe obligar a cada municipio y departamento a gestionar sus propios ingresos, y, a partir de allí, dar lugar a que se asignen los recursos conforme a su capacidad. Esto garantizaría no solo que el territorio se preocupe por gestionar bien sus recursos propios, sino también por captar nuevos. Sobre todo, obligaría tanto al territorio como a la nación a medir sus capacidades institucionales y administrativas, y a ejercer una verdadera descentralización.
3. Apertura a una reforma tributaria territorial: Con la asignación de competencias debe venir una reforma estructural a los ingresos propios de las entidades territoriales, que, además de ser dispersos y vetustos, son insuficientes para permitir que los departamentos y municipios ejerzan sus competencias.
4. Mayor equidad en la distribución de recursos: El proyecto busca implementar un esquema de distribución más justo, priorizando regiones con mayores niveles de pobreza y desigualdad. Esto podría reducir brechas históricas entre los territorios más favorecidos y los menos desarrollados.
5. Flexibilidad para las entidades territoriales: La reforma permitiría a los departamentos y municipios tener mayor autonomía en la destinación de los recursos, adaptándolos a sus necesidades específicas. Esto podría mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos.
6. Fomento de la descentralización: Al fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales, se refuerza el principio de descentralización administrativa, lo que podría traducirse en una mejor prestación de servicios públicos.
7. Enfoque en la sostenibilidad: Algunos aspectos del proyecto promueven inversiones en infraestructura sostenible y programas que tengan impacto a largo plazo, contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades.

Sigamos con los contra:

1. De donde saldrán los recursos: Sí bien es clave que los recursos lleguen al territorio, las cifras de donde saldrán los recursos no son claras, debe ser una ley sostenible.
2. Riesgo de desigualdades entre territorios: Aunque se busca mayor equidad, el rediseño podría generar descontento en regiones que sienten que perderán recursos significativos, afectando su capacidad para mantener servicios esenciales.
3. Mayor carga administrativa: La flexibilización en la destinación de recursos podría requerir de las entidades territoriales un mayor esfuerzo administrativo, lo que sería un reto para municipios con baja capacidad institucional, y la discusión seguiría en lo mismo, pues el reto es cerrar brechas de pobreza y desigualdad, pero la falta de capacidad institucional se traduce en no ejecución o en ejecución tachada de corrupción.
4. Posibles problemas de corrupción: Al aumentar la autonomía en la gestión de los recursos, también existe el riesgo de que estos sean mal utilizados si no se implementan mecanismos de vigilancia y control efectivos.
5. Impacto en sectores clave: Algunos sectores, como la educación y la salud, podrían ver disminuida su financiación si no se garantizan porcentajes mínimos de inversión, lo que podría afectar la calidad de los servicios públicos.
6. Falta de claridad en la implementación: La reforma carece de lineamientos claros sobre cómo se garantizará la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos redistribuidos.

Es claro que se necesitan más recursos, pero no podemos olvidar que no es la primera ley que intenta hacerlo, la reformulación de las regalías es un claro ejemplo. Sin embargo, la discusión del cómo se van a invertir los recursos, en que se van a invertir son fundamentales, por eso abordar de manera adecuada la definición de las competencias y la reconfiguración de los ingresos propios de cada municipio y departamento son fundamentales.

La verdadera descentralización debe ir acompañada de un apalancamiento de la propia gestión del territorio para medir las capacidades del territorio, por eso la propuesta es que esta ley vaya acompañada de la reforma tributaria territorial que disponga una redistribución completa de las competencias y recursos nacionales y territoriales.

Es igual fundamental igualmente implementar mecanismos efectivos de control y vigilancia. Este equilibrio entre equidad, eficiencia y sostenibilidad será clave para garantizar que la reforma beneficie a todas las regiones del país, especialmente a las más vulnerables.